LOS CIUDADANOS QUIEREN PLACAS Y MOLINOS, PERO TAMBIÉN INFORMACIÓN Y COMPENSACIÓN POR LOS  BENEFICIOS

La Revista Papeles de Energía, revista cuatrimestral de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) que tiene como objetivo informar el debate de la transición energética en España, publica en su último número un interesante artículo sobre la visión ciudadana del desarrollo de las plantas de energías renovables.

Este artículo presenta los datos de una investigación impulsada por la Fundación Europea del Clima y 40db para conocer el alcance y representatividad que tienen los focos locales de protesta que se han activado en buena parte del territorio español alrededor del desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las renovables. Se pretende, en primer lugar, identificar el peso que podrían tener los grupos que han activado su rechazo al desarrollo de las renovables. En segundo lugar, identificar las razones y los argumentos de la oposición al despliegue industrial de las energías renovables y el conocimiento de la lógica de cómo se generan y transmiten las opiniones contrarias al despliegue de infraestructuras a gran escala. Este conocimiento es fundamental para ayudar en el diseño e implementación de las estrategias más adecuadas para generar más apoyos al necesario despliegue rápido de renovables como una de las herramientas imprescindibles de lucha contra la crisis climática.

La mayoría de la ciudadanía no se opone a que desarrollen estas infraestructuras en las cercanías de su territorio. Y los que se oponen, lo que quieren es contar con más información, con más explicaciones y, sobre todo, que esté muy claro cómo les puede beneficiar a ellos también. La ciudadanía afectada necesita visibilizar un reparto de beneficios justo. Si perciben que la mayoría de esa energía no es para ellos, si perciben que los beneficios que se van a llevar las empresas encargadas del desarrollo de estas infraestructuras no les tienen en cuenta, hay más probabilidades de que se opongan.

Por ejemplo, las resistencias que hay en las zonas rurales al desarrollo de las necesarias infraestructuras fotovoltaicas y eólicas se mitigarían si fueran acompañadas siempre de procesos en los que se tuvieran en cuenta los intereses de los ciudadanos afectados para desactivar la desconfianza que hay hacia estas empresas. Las grandes empresas energéticas deberían priorizar la comunicación de su innovación social para que sus inversiones en tecnología sean entendidas como beneficiosas para toda la sociedad.

La demanda de más información, la desconfianza ciudadana hacia el poder económico y el poder político y el deseo de un reparto justo de los beneficios que generará el desarrollo de las energías renovables obliga a generar espacios asociados a estas infraestructuras donde puedan encontrarse y participar las principales empresas del sector energético, las instituciones públicas, representantes de la sociedad civil y miembros destacados de la comunidad científica para compartir los diferentes puntos de vista e intereses sobre cómo se puede acelerar la necesaria transición energética para afrontar la emergencia climática en la situación actual de crisis geopolítica y energética. Estos espacios pueden servir para reducir el déficit de información ciudadana y para construir con rigor pactos energéticos a nivel local en cada territorio afectado por un macroproyecto de infraestructuras renovables.

Es muy importante, señala Braulio Gómez, autor de este artículo y profesor de la Universidad de Deusto, que el nuevo pacto energético local que se proponga en cada territorio explique muy bien cómo va a beneficiar a toda la ciudadanía del espacio afectado. La mayoría de la ciudadanía ya percibe que si tuviéramos una fuente de generación de energía más cercana los precios serían menores y que si tuviéramos más energía renovable, no se dependería tanto del gas y la transición sería más rápida. Lo que le gustaría a la mayoría de la ciudadanía es ir más allá de las declaraciones de impacto ambiental y del respeto riguroso con el entorno. Los ciudadanos quieren información sobre la redistribución de la riqueza generada por las energías renovables y cómo afectará a sus hogares y a las empresas del entorno. Los instrumentos o espacios de participación ciudadana que ayuden a mitigar la falta de información y confianza en las empresas energéticas e instaladoras serán vitales para reducir la probabilidad de rechazo a los cientos de macroproyectos que se pondrán en marcha en los próximos años para acelerar la transición energética y cumplir los objetivos de descarbonización en 2030.