LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES SE TIENEN QUE DISEÑAR CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

09/01/2023

Para la mayor parte de la ciudadanía, el fin del año 2022 les ha sorprendido con la noticia de que las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados habrán de designar Zonas de Bajas Emisiones, con las consiguientes limitaciones de acceso para determinados vehículos.

Esta norma, desarrolla lo previsto en el artículo 14 de la Ley 7/2021 de 20 de Mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, por el que se establece la obligación de que los municipios españoles anteriormente citados adopten, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación de emisiones, incluyendo particularmente la delimitación de Zonas de Bajas Emisiones. (ZBEs) En particular, la norma tiene por objeto regular los requisitos mínimos que deberán cumplir las ZBEs que las entidades locales establezcan, de conformidad con los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma, de no regresión y de quien contamina paga. Las ZBEs deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático y se velará porque las medidas asociadas al cumplimiento de estos fines promuevan el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte. Todo ello resultará en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, y fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público.

Los fines y objetivos de estas medidas son, como no puede ser de otro modo, ajustados a las Estrategias europea y española de descarbonización, puesto que la contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España y en el resto de Europa, y aún existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para el medio ambiente y la salud humana, particularmente en los núcleos urbanos. Además, el transporte por carretera genera el 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de España. La medida pretende reducir el uso del vehículo privado, se considera factible la reducción de los tráficos de pasajeros (pasajeros-km) en entornos urbanos en un 35 % hasta 2030 y de los tráficos interurbanos del orden de un 1,5 % anual. El teletrabajo, el vehículo compartido, el uso de los medios no motorizados y del transporte público colectivo posibilitarán el cumplimiento de estos objetivos, siendo de gran importancia posibilitar una financiación adecuada del transporte público que permita mejorar la calidad y el servicio, atraer más usuarios y, de esta manera, contribuir a la mejora de la calidad del aire de los entornos urbanos.

Para que estos objetivos puedan alcanzarse y que nuestras ciudades sean espacios saludables donde las personas puedan ejercer su derecho a una movilidad que les permita, entre otros, el acceso a los servicios públicos, es indispensable escuchar a estas personas.

El propio Real Decreto prevé que el procedimiento de declaración y regulación de las ZBEs debe cumplir las exigencias de transparencia de datos, participación, debate público, motivación y análisis de proporcionalidad y de alternativas, así como incluir un análisis adecuado de los impactos económicos, sociales, sobre el mercado y la competencia, de costes y beneficios y de cargas administrativas, debiendo quedar constancia de todo ello en los correspondientes expedientes. Sin una participación real de la ciudadanía en el diseño de estas medidas, la movilidad no solo no será un derecho garantizado a todos los ciudadanos, sino que puede convertirse en un privilegio para quienes puedan acceder a determinados medios de transporte.

Se abre ahora un año en el que las ciudades y municipios afectados han de iniciar (algunos ya lo han hecho) el procedimiento para aprobar los Planes de Movilidad Sostenible. Es una oportunidad única para demostrar a la ciudadanía el poder de la participación pública para mejorar sus vidas.