La Ley 1/2023 de 2 de Marzo, de Gestión y Ciclo Urbano del Agua en Extremadura, la primera que aborda este recurso para la Comunidad Autónoma, “reconoce a todos los extremeños el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza una prestación de calidad de estos servicios, independientemente de donde vivan”.
“Extremadura es una tierra de ríos en tránsito, no solo por la propia naturaleza fluyente de todo río, sino porque compartimos las cuencas que los alimentan. Este carácter compartido de las aguas determina el talante de una gestión cooperativa que impregna toda la Ley y que pretende proteger el agua como elemento vital, atendiendo los efectos que sobre su ciclo natural está provocando el cambio climático. Así la Ley se fundamenta en un buen gobierno basado en la transparencia y la participación para lograr el mejor flujo de los intereses públicos que le dan sentido”. Esta declaración de intenciones plasmada en la Exposición de Motivos se refleja en todo el articulado de la norma, que apuesta por la gobernanza participativa, la cooperación y el diálogo entre los diferentes actores para gestionar un bien tan escaso y tan vital para la Región y sus ciudadanos.
La nueva norma apuesta por la transparencia, la planificación y la participación pública y destaca especialmente en su contenido la importancia de la planificación de infraestructuras, de forma que cada 6 años debe elaborarse un plan regional en coherencia con la planificación hidrológica asegurando la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de las obras hidráulicas que ejecute la Junta de Extremadura. Cabe destacar el reconocimiento expreso que hace esta norma a la formación y a la educación como herramientas para garantizar una participación real y basada en el conocimiento. Así, dispone su artículo 13.6 que en el sistema educativo se adoptarán las medidas curriculares y de cualquier otro tipo que se consideren necesarias, con objeto de actualizar los conocimientos en materia de aguas al mejor conocimiento científico disponible y para fomentar la comprensión y valoración de la importancia de la participación y colaboración ciudadana en la política del agua.
En definitiva, esta norma nace de un extenso proceso participativo (que comenzó en el año 2020 y en el que han participado más de 300 actores) y con una clara vocación de hacer de esta participación un instrumento de mejora de la gestión del agua en Extremadura. En FUNPASOS colaboramos con las Administraciones Públicas en el desarrollo de procesos participativos. Así mismo, acompañamos a empresas y ciudadanos en la elaboración de propuestas a las distintas Administraciones y en el ejercicio de sus derechos de participación en los asuntos públicos.